PAZ DE ANAGA
diariodeavisos.com
31 de mayo de 2007
El mundo de las relaciones internacionales cada vez es más complejo. En ese campo interactúan diferentes dimensiones políticas, económicas, jurídicas y éticas que se van adaptando según los diferentes intereses al contexto de la realidad social a la que se refieren, que a veces resulta difícil de entender.
Recientemente el tema del Sahara Occidental ha despertado de nuevo de su vergonzoso silencio internacional. Este año Marruecos anunciaba de forma unidireccional una nueva propuesta, el llamado plan de autonomía para el Sahara Occidental. Y autonomía no es autodeterminación.
Esta propuesta ha posicionado de nuevo la resolución del conflicto en el Sahara Occidental en la agenda internacional. Lo asombroso es que esta diferenciación de los términos es conocida por los líderes, gobiernos y organizaciones internacionales. Sin embargo, el primer gobierno que mostró apoyo público al plan de autonomía para los territorios ocupados fue el español.
¿Cómo es posible que un gobierno democrático, con un Estado de Derecho tan sólido como el español, corresponsable de la situación de injusticia y exilio del pueblo saharaui, apoye una iniciativa que raya la ilegalidad internacional? El plan de autonomía propuesto entiende ésta como una autogestión del pueblo saharaui en los territorios ocupados pero bajo la soberanía del Reino de Marruecos. En definitiva, una autonomía regional y esto no es autodeterminación. Autodeterminación es que se celebre un referéndum libre, justo y transparente para que el pueblo saharaui decida su propio futuro.
Al respecto, el secretario de Naciones Unidas, Ban Ki- Moon, ha vuelto a reafirmar la "necesidad de la autodeterminación del pueblo saharaui". También se prorrogó por otros seis meses más, hasta octubre de 2007, la extensión de la Misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental (Minurso). Es decir, reitera que la presencia de la Minurso, integrada por 228 militares y civiles, es imprescindible en la zona para preservar la paz y por ende, para apoyar la celebración de un referéndum en cuyo mandato está su razón de ser y que lleva años aplazándose.
La postura de la ONU es clara, con más de cincuenta resoluciones en este asunto, pero con la debilidad que caracteriza a este organismo en estas cuestiones de Derecho Internacional.
Poco después del apoyo público de España al plan, Marruecos y España firmaron los acuerdos pesqueros pendientes desde hace siete años para que los barcos españoles puedan faenar en el banco pesquero llamado canario-saharaui, situado en aguas jurisdiccionales del Sahara Occidental. ¿Bajo qué legalidad actúa España? Porque, según la ONU, España fue y sigue siendo jurídicamente la potencia administradora del Sahara Occidental hasta que se resuelva su situación de descolonización.
También en el mes de abril, 169 congresistas de Estados Unidos solicitaron al presidente Bush que apoyara el plan de autonomía propuesto para el Sahara. La justificación del reciente interés de esta potencia en la excolonia española se basa en motivos de seguridad internacional. El plan de autonomía "puede ayudar a frenar la expansión del integrismo islamista por el Magreb". ¿Pudieran existir otros motivos a parte de los geoestratégicos, como pueden ser por los recursos naturales del territorio del Sahara Occidental, ricos en minerales y probablemente en petróleo?
Parece como si el tema Saharaui estuviese utilizándose como moneda de cambio en las negociaciones con Marruecos respecto a la gestión de la inmigración, la pesca, la colaboración antiterrorista o la explotación de los recursos naturales.
¿Se pueden entender todas estas actuaciones como un desacato público a la legalidad internacional? No existe ningún argumento jurídico o ético en el que pueda sustentarse este plan de autonomía, no solo porque sea unilateral sino porque no recoge ni la descolonización ni la autodeterminación, premisas básicas de este proceso.
Pero lo más preocupante del planteamiento es que su apoyo legitima la ocupación ilegal.
De acuerdo al Derecho Internacional, las resoluciones de Naciones Unidas y el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia, "Marruecos no tiene ninguna soberanía sobre el Sahara. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo saharaui, y es él el único que está facultado para elegir a quien estime oportuno en un referéndum libre, justo y transparente".
Por otro lado está el tema de los derechos humanos. El pueblo saharaui y diferentes organizaciones internacionales han recogido y denunciado en numerosos informes la política marroquí en los territorios ocupados: violaciones sistemáticas de los derechos humanos, cerco informativo que impide la entrada a los observadores internacionales, parlamentarios extranjeros y medios de comunicación. La denuncia más reciente es la publicada el 7 de marzo de 2007 en el Informe del Departamento de Asuntos Exteriores de los EE.UU. sobre violaciones de los derechos humanos por Marruecos.
Las recomendaciones del Informe de la Misión del Alto Comisionado para los derechos humanos sobre la situación del Sahara occidental, elaborado en septiembre de 2006, reafirman que no se podrían implantar los derechos humanos en el Sahara mientras no se respete el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.
Así mismo, la ONU continúa denunciando las restricciones que sufren el personal de Naciones Unidas para desempeñar su labor de vigilancia del alto el fuego por parte de las autoridades marroquíes.
Y ¿cuál es la postura del pueblo saharaui? Pues la de un pueblo cada vez más incrédulo con la comunidad internacional, que ha permitido que viva en el exilio del desierto argelino desde hace más de 32 años.
El pueblo saharaui, autodenominado República Árabe Saharaui Democrática (RASD), desde la proclamación del alto el fuego con Marruecos en 1991, ha conseguido reorganizarse política y administrativamente en el lugar donde habita, en los campamentos de refugiados en Tinduf.
Hasta la fecha, este pueblo ha estado ’protegido’ como población refugiada bajo el paraguas de la ayuda humanitaria. Ahora ve como la comunidad internacional y en concreto las organizaciones multilaterales de ayuda humanitaria de la ONU y la Oficina Humanitaria de la Unión Europea (ECHO) tienen una política de recorte de la ayuda en los campamentos. El pueblo saharaui lo contempla como otra medida más de presión.
La comunidad internacional debe implicarse y salir de ese vergonzoso silencio y tiene muchos instrumentos en su mano. El más sencillo, el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática como Estado y el establecimiento de relaciones diplomáticas con la misma, tal y como han hecho ya 71 países. La Unión Africana reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática como Estado miembro desde 1984 y desde entonces tiene representación como un país más en el parlamento panafricano.
En España, los ciudadanos y los ocho gobiernos democráticos que han gobernado el país desde 1975, no han ido de la mano en la resolución del conflicto. Desde entonces, existe un amplio movimiento de solidaridad con la causa saharaui de familias, organizaciones sociales y políticas, sindicatos, entidades locales y comunidades autónomas de apoyo, que algún día tendrá que ser escuchado por los gobernantes.
Fuentes:
*SAHARA HORTA (web)
*diariodeavisos.com
diariodeavisos.com
31 de mayo de 2007
El mundo de las relaciones internacionales cada vez es más complejo. En ese campo interactúan diferentes dimensiones políticas, económicas, jurídicas y éticas que se van adaptando según los diferentes intereses al contexto de la realidad social a la que se refieren, que a veces resulta difícil de entender.
Recientemente el tema del Sahara Occidental ha despertado de nuevo de su vergonzoso silencio internacional. Este año Marruecos anunciaba de forma unidireccional una nueva propuesta, el llamado plan de autonomía para el Sahara Occidental. Y autonomía no es autodeterminación.
Esta propuesta ha posicionado de nuevo la resolución del conflicto en el Sahara Occidental en la agenda internacional. Lo asombroso es que esta diferenciación de los términos es conocida por los líderes, gobiernos y organizaciones internacionales. Sin embargo, el primer gobierno que mostró apoyo público al plan de autonomía para los territorios ocupados fue el español.
¿Cómo es posible que un gobierno democrático, con un Estado de Derecho tan sólido como el español, corresponsable de la situación de injusticia y exilio del pueblo saharaui, apoye una iniciativa que raya la ilegalidad internacional? El plan de autonomía propuesto entiende ésta como una autogestión del pueblo saharaui en los territorios ocupados pero bajo la soberanía del Reino de Marruecos. En definitiva, una autonomía regional y esto no es autodeterminación. Autodeterminación es que se celebre un referéndum libre, justo y transparente para que el pueblo saharaui decida su propio futuro.
Al respecto, el secretario de Naciones Unidas, Ban Ki- Moon, ha vuelto a reafirmar la "necesidad de la autodeterminación del pueblo saharaui". También se prorrogó por otros seis meses más, hasta octubre de 2007, la extensión de la Misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental (Minurso). Es decir, reitera que la presencia de la Minurso, integrada por 228 militares y civiles, es imprescindible en la zona para preservar la paz y por ende, para apoyar la celebración de un referéndum en cuyo mandato está su razón de ser y que lleva años aplazándose.
La postura de la ONU es clara, con más de cincuenta resoluciones en este asunto, pero con la debilidad que caracteriza a este organismo en estas cuestiones de Derecho Internacional.
Poco después del apoyo público de España al plan, Marruecos y España firmaron los acuerdos pesqueros pendientes desde hace siete años para que los barcos españoles puedan faenar en el banco pesquero llamado canario-saharaui, situado en aguas jurisdiccionales del Sahara Occidental. ¿Bajo qué legalidad actúa España? Porque, según la ONU, España fue y sigue siendo jurídicamente la potencia administradora del Sahara Occidental hasta que se resuelva su situación de descolonización.
También en el mes de abril, 169 congresistas de Estados Unidos solicitaron al presidente Bush que apoyara el plan de autonomía propuesto para el Sahara. La justificación del reciente interés de esta potencia en la excolonia española se basa en motivos de seguridad internacional. El plan de autonomía "puede ayudar a frenar la expansión del integrismo islamista por el Magreb". ¿Pudieran existir otros motivos a parte de los geoestratégicos, como pueden ser por los recursos naturales del territorio del Sahara Occidental, ricos en minerales y probablemente en petróleo?
Parece como si el tema Saharaui estuviese utilizándose como moneda de cambio en las negociaciones con Marruecos respecto a la gestión de la inmigración, la pesca, la colaboración antiterrorista o la explotación de los recursos naturales.
¿Se pueden entender todas estas actuaciones como un desacato público a la legalidad internacional? No existe ningún argumento jurídico o ético en el que pueda sustentarse este plan de autonomía, no solo porque sea unilateral sino porque no recoge ni la descolonización ni la autodeterminación, premisas básicas de este proceso.
Pero lo más preocupante del planteamiento es que su apoyo legitima la ocupación ilegal.
De acuerdo al Derecho Internacional, las resoluciones de Naciones Unidas y el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia, "Marruecos no tiene ninguna soberanía sobre el Sahara. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo saharaui, y es él el único que está facultado para elegir a quien estime oportuno en un referéndum libre, justo y transparente".
Por otro lado está el tema de los derechos humanos. El pueblo saharaui y diferentes organizaciones internacionales han recogido y denunciado en numerosos informes la política marroquí en los territorios ocupados: violaciones sistemáticas de los derechos humanos, cerco informativo que impide la entrada a los observadores internacionales, parlamentarios extranjeros y medios de comunicación. La denuncia más reciente es la publicada el 7 de marzo de 2007 en el Informe del Departamento de Asuntos Exteriores de los EE.UU. sobre violaciones de los derechos humanos por Marruecos.
Las recomendaciones del Informe de la Misión del Alto Comisionado para los derechos humanos sobre la situación del Sahara occidental, elaborado en septiembre de 2006, reafirman que no se podrían implantar los derechos humanos en el Sahara mientras no se respete el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.
Así mismo, la ONU continúa denunciando las restricciones que sufren el personal de Naciones Unidas para desempeñar su labor de vigilancia del alto el fuego por parte de las autoridades marroquíes.
Y ¿cuál es la postura del pueblo saharaui? Pues la de un pueblo cada vez más incrédulo con la comunidad internacional, que ha permitido que viva en el exilio del desierto argelino desde hace más de 32 años.
El pueblo saharaui, autodenominado República Árabe Saharaui Democrática (RASD), desde la proclamación del alto el fuego con Marruecos en 1991, ha conseguido reorganizarse política y administrativamente en el lugar donde habita, en los campamentos de refugiados en Tinduf.
Hasta la fecha, este pueblo ha estado ’protegido’ como población refugiada bajo el paraguas de la ayuda humanitaria. Ahora ve como la comunidad internacional y en concreto las organizaciones multilaterales de ayuda humanitaria de la ONU y la Oficina Humanitaria de la Unión Europea (ECHO) tienen una política de recorte de la ayuda en los campamentos. El pueblo saharaui lo contempla como otra medida más de presión.
La comunidad internacional debe implicarse y salir de ese vergonzoso silencio y tiene muchos instrumentos en su mano. El más sencillo, el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática como Estado y el establecimiento de relaciones diplomáticas con la misma, tal y como han hecho ya 71 países. La Unión Africana reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática como Estado miembro desde 1984 y desde entonces tiene representación como un país más en el parlamento panafricano.
En España, los ciudadanos y los ocho gobiernos democráticos que han gobernado el país desde 1975, no han ido de la mano en la resolución del conflicto. Desde entonces, existe un amplio movimiento de solidaridad con la causa saharaui de familias, organizaciones sociales y políticas, sindicatos, entidades locales y comunidades autónomas de apoyo, que algún día tendrá que ser escuchado por los gobernantes.
Fuentes:
*SAHARA HORTA (web)
*diariodeavisos.com
