“Los parques
eólicos y huertos solares proyectados, por muy ecológicos que sean,
constituyen un nuevo golpe contra la población del Sáhara Occidental. La
energía producida será utilizada para rentabilizar los recursos que en
la actualidad, y de forma ilegal, están siendo explotados por Marruecos
en el Sáhara, intensificando al mismo tiempo el saqueo actual. La
exportación de la energía producida a la UE y su utilización por parte
de Marruecos tiene incluso como objetivo fundamental la consolidación de
las pretensiones ilegales de soberanía sobre el territorio por parte de
Marruecos", asegura Sara Eyckmans, coordinadora de WSRW.
Marruecos
no produce petróleo ni gas y su Gobierno necesita energía. El informe
muestra que la misma tierra que fue testigo del éxodo del pueblo
saharaui, tras la invasión militar de Marruecos en 1975 (la conocida
como “Marcha verde”) abre un nuevo frente. En este caso, la producción
de energía eólica y solar.
Actualmente, la producción de energía
solar y eólica en el Sáhara Occidental constituye, a lo sumo, el 5.5%
del total de las energías renovables producidas por Marruecos. El
informe revela que, para el año 2020, se pretende incrementar el
porcentaje hasta alcanzar el 26.4%.
Empresas de relevancia en el
sector de las energías renovables, incluidas las españolas Gamesa y
Acciona, han aceptado la invitación del Gobierno marroquí a participar.
La mayoría de las empresas que se mencionan en el informe no han querido
hacer de dominio público sus planes. En el momento en el que se publica
este informe, los equipos para instalar los molinos de viento están
siendo descargados en el puerto de El Aaiún, Sáhara Occidental.
Desde
la invasión, el Gobierno marroquí ha usado los recursos naturales del
Sáhara Occidental a su antojo y violando la legislación internacional.
Con la mejora del acceso a la energía, tanto el sector pesquero como la
industria extractiva serán más lucrativas. Gracias a sus nuevos planes,
Marruecos conecta los territorios ocupados del Sáhara Occidental con la
red energética europea y con la suya propia, toda una astuta estrategia.
Por
otro lado, quienes tienen la propiedad legal de la tierra, el pueblo
saharaui, no han dado su consentimiento a la estrategia energética
marroquí que, incluso, va en contra de la opinión legal de Naciones
Unidas (ONU). Hasta el día de hoy, la ONU considera que el Sáhara
Occidental está pendiente de descolonizar. Contactos:Javier García Lachica, coordinador de Western Sahara Resource Watch - España, Madrid, Tel +34 615917339, j.g.lachica@gmail.com Sara Eyckmans, coordinadora de Western Sahara Resource Watch, Brussels, Tel +32 475458695, coordinator@wsrw.org Erik Hagen, Presidente de Western Sahara Resource Watch, Oslo, Tel +47 45265619, info@vest-sahara.no Fuente: http://www.wsrw.org/a110x2643
Pueblos Unidos contra la Troika: 1 de junio Manifestación Internacional
MAREA EUROPEA Contra los recortes y por una verdadera Democracia
Las brutales e inhumanas políticas de ajuste impuestas por la odiosa
Troika (el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la
Comisión Europea) con la ayuda de los gobiernos cómplices, están
causando en Europa la mayor crisis de la democracia de las últimas
décadas. Millones de personas estamos siendo condenadas al paro, la
pobreza e incluso a la muerte por una deuda ilegítima e impagable, que
en su mayor parte es privada; de bancos, grandes empresas y entidades
financieras. El rescate Europeo a la banca, avalado y garantizando por
el Estado, una vez más privatiza los beneficios mientras socializa las
pérdidas y a cambio exige recortes sangrantes.
Con la excusa de la crisis de la deuda han modificado la Constitución
(Art.135.3) sin escuchar nuestra voz en referéndum, imponiéndonos el
desmantelamiento de los servicios públicos como la Sanidad o la
Educación que son entregados al sector privado como “oportunidad de
negocio”, vulnerando así los derechos sociales y laborales conquistados
en las últimas décadas. Con ello se ha provocado, además, que miles de
familias de los países afectados pierdan su vivienda y su vida diaria
La disolución de las fronteras entre lo público y lo privado alimenta
una corrupción impune que envilece nuestra sociedad y pervierte la
política en su papel insustituible de instrumento de acción ciudadana.
El objetivo de las privatizaciones es el expolio, la concentración de la
riqueza y la profundización en las reformas neoliberales.
Ya sea a través de los memorandos impuestos por la Troika a Grecia,
Irlanda, Portugal o Chipre o del rescate financiero en el caso del
Estado Español se está produciendo un trasvase de dinero público a las
entidades financieras a costa de la pérdida de derechos básicos, el
empobrecimiento generalizado de la población y el aumento de la
desigualdad social en toda Europa.
Sabemos que el modelo de desarrollo insostenible de las últimas
décadas basado en un alto consumo de recursos energéticos y materias
primas ha llegado a su fin. Frente al crecimiento ilimitado de la
economía financiera y especulativa es necesario un cambio de rumbo, pero
no para salvar a los bancos sino a las personas, a las generaciones
futuras y al planeta.
Este cambio de rumbo debe partir de una democratización de Europa,
desde sus ciudadanos/as, para que los derechos de las personas y las
decisiones políticas democráticas se impongan a la avaricia de las
instituciones y mercados financieros y de las grandes multinacionales.
Cuando celebramos el segundo aniversario del 15M, de la toma de
conciencia política de la ciudadanía, de los nuevos movimientos sociales
que están construyendo desde abajo alternativas a las políticas
neoliberales a través de las asambleas, las mareas y las plataformas,
sabemos que nuestra lucha es internacional y exige la convergencia de la
ciudadanía de todos los países afectados.
En Europa, diversos colectivos procedentes del Estado Español,
Francia, Italia, Grecia, Chipre, Irlanda, Inglaterra, Escocia, Alemania y
Eslovenia reunidos en Lisboa el pasado 26 de abril invitados por el
movimiento portugués ‘Que se Lixe a Troika’ hacemos un llamamiento a una
protesta internacional descentralizada el próximo 1 de Junio contra las
políticas de ajuste del déficit bajo el lema “Pueblos Unidos contra la
troika”.
Este es el comienzo de un proceso descentralizado, inclusivo y
participativo. Queremos construir colectivamente, uniendo nuestras
fuerzas y acciones, protestando internacionalmente contra la Troika.
Llamamos a todas los personas, con o sin partido, con o sin trabajo, con
o sin esperanza, a unirse a esta propuesta el próximo 1 de Junio.
Apremiamos a todas las organizaciones políticas, movimientos sociales,
sindicatos, partidos, colectivos, grupos informales, a unirse en esta
jornada internacional.
Queremos seguir ampliando nuestras alianzas, tanto a nivel nacional
como internacional, ya que somos conscientes de que sólo la suma de
nuestras voces podrá detener las nuevas oleadas de recortes que se están
preparando. Los pueblos de Europa han demostrado que no están
dispuestos a asumir más sacrificios inútiles. Ha llegado el momento de
demostrar nuestra capacidad para coordinar la lucha por otra Europa, la
Europa de las personas.
De norte a sur, de este a oeste
tomemos las calles en toda Europa contra la Troika
Por la Democracia, la Libertad y los Derechos sociales.
No al golpe de estado financiero. No debemos, no pagamos
Hay alternativas. Hay soluciones:
- Por la Justicia social y ambiental
- Por la Transparencia y la Democracia Participativa
- En defensa de unos Servicios Públicos y Universales
- Por una Auditoria Ciudadana de la Deuda. Contra la Deuda ilegítima
·Ha sido premiado al mejor documental por 'Hijos de las nubes, la última colonia'.
·"Hoy es un día muy triste para el Sáhara", ha señalado en referencia a la
decisión de Marruecos de dictar 8 cadenas perpetuas por los sucesos de Gdaim Izik.
·"El Gobierno español debería oponerse a tan injusta y desproporcionada condena",
ha opinado Bardem.
La gala ha sido un chorreo constante de reivindicaciones, y
Javier Bardem se ha unido a ellas. El actor, que recogió el
premio al mejor documental español por Hijos de
las nubes, la última colonia,
—la cinta producida por él— pronunció un discurso crítico con la actitud
del Gobierno español en torno a la situación en el Sáhara.
"Gracias por este regalo porque hoy es un día muy triste para el Sáhara", ha señalado Bardem en
referencia a la decisión del Tribunal Militar de Rabat que, en el caso contra 24 saharauis
por la muerte de 11 agentes marroquíes en los sucesos de Gdaim Izik en
2010, ha dictado ocho cadenas perpetuas, otras cuatro a 30 años y ocho
más a 25 años de
cárcel.
Unas condenas desproporcionadas, en opinión del actor, que señaló que se ha juzgado a esos 24 jóvenes
por manifestarse de forma pacífica. "El Gobierno español debería oponerse a tan injusta y desproporcionada condena", ha considerado.
"Allí no se puede recortar en salud porque no hay hospitales, no se puede recortar en Educación
y cerrar escuelas porque no hay colegios. No se les puede echar de sus casas, como aquí,
porque fueron desahuciados hace más de 35 años cuando les abandonamos.
Es importante que nada de eso ocurra aquí ni allí", ha sentenciado
Bardem.
"Muchas gracias por vuestro apoyo y
¡Sáhara libre!", ha concluido.
Londres, 18/02/13 (SPS) -. El director de Amnistía
Internacional para Oriente Medio y el Norte de África Philip Luther,
afirmó este domingo que el dictamen del tribunal militar de Rabat
para la condena de los 24 saharauis ", no cumple con las normas
internacionalmente reconocidas de procesos judiciales reglamentarios. "
Los 24 acusados deben comparecer ante un tribunal civil con todas las
garantías de los derechos humanos y esto implica en cualquier caso,
que no deben ser condenados a cadena perpetua ", dijo el funcionario en
un comunicado.
"Los presos políticos saharauis son arbitrariamente acusados de
atentar contra la seguridad interna del Estado, la formación de un grupo
criminal y agresiòn a funcionarios durante el desempeño de sus
tareas habituales", dijo Luther.
Insistió en que "todos los observadores internacionales y representantes
de organizaciones humanitarias presentes en el juicio expresaron de
forma unánime “la debilidad de las pruebas de este caso"
Amnistía Internacional, ha considerado nulo este juicio " desde el principio".
"Obviamente, el Presidente de la Corte se ha negado a investigar estas
acusaciones. Los abogados defensores también han confirmado la ausencia
de huellas dactilares en las armas blancas y la falta de evidencia de
ADN" , dijo la organización, añadiendo que "obviamente, las autoridades
marroquíes deben saber que el abuso constante de los derechos humanos
de los saharauis en los territorios ocupados debe cesar y ya no puede
ser tolerado."
El tribunal militar de Rabat condenó nueve acusados del grupo de 24
presos políticos saharauis de Gdeim Izik a cadena perpetua, cuatro a 30
años de prisión, ocho a 25 años y dos a 20 años de prisión.
El juicio de los 24 implicados en los sucesos de Gdeim Izik, cerca de El
Aaiún, Sahara Occidental ocupado, se inició el 1 de febrero, 27 meses
después de la detención y encarcelamiento de este grupo.
Los
corresponsales de Radio Maizirat, desde la ciudad ocupada de
Boujdour, comunican que las autoridades de ocupación marroquíes,
reprimieron violentamente con piedras y palos a ciudadanos saharauis que
se habían concentrado a manifestarse pacíficamente en repudio al las
sentencias abusivas en el juicio militar en contra
de los presos políticos saharauis de Gdeim Izik en Rabat.
Como consecuencia de esta brutal intervención, hay un saldo de 8
heridos, incluyendo un herido de gravedad.
Los
corresponsales de Radio Maizirat, desde la ciudad ocupada de
Smara, comunican que una gran masa de ciudadanos saharauis,
participaron en una manifestación pacífica, en repudio a las sentencias
abusivas que se efectuaron el día de ayer en Rabat, en el jucio militar
en contra de los presos políticos saharauis del Grupo
de Gdeim Izik. Los manifestantes levantaron la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática, y corearon diversos emblemas nacionales. La
misma fuente revela media hora después de haberse dado inicio a la
manifestación, las fuerzas de ocupación, intervinieron violentamente
contra los manifestantes y que las fuerzas represoras efectuaron un
exhaustivo "barrido".
Los observadores internacionales coinciden en las irregularidades de
un proceso que se aplazó dos veces y superó el doble de tiempo que los
acusados pueden permanecer en prisión preventiva
Un tribunal militar de Marruecos ha juzgado estos días a 24 civiles saharauis por
los enfrentamientos de Gdeim Izik, un campamento de protesta levantado
por 20.000 residentes del Sáhara Occidental a las afueras de El Aaiún
para reivindicar derechos sociales y económicos. Las sentencias más
duras condenan a cadena perpetua a ocho de los procesados. Para cuatro
de ellos se han dictado 30 años de cárcel y para otros cuatro saharauis,
25 años.
Tras nueve días de juicio y siete horas
de deliberaciones, el tribunal castrense determinó que los delitos
probados fueron "violencia contra las fuerzas del orden con resultado de
muerte, premeditación y mutilación de cadáveres, en grado de autoría o
de complicidad".
Los observadores internacionales que han
presenciado el juicio coinciden en la escasa solidez de las pruebas
presentadas por la acusación, y han criticado las sentencias alegando
que se trata de un juicio político en contra de la resistencia saharaui
ante la ocupación del Sáhara. "Marruecos ha vulnerado el derecho
internacional escenificando un juicio militar con declaraciones
arrancadas bajo tortura, con pruebas inconsistentes y fácilmente
manipulables que, a juicio de numerosos observadores internacionales, se
desarrolló vulnerando los derechos a una defensa justa", ha criticado
Izquierda Unida.
"Es al régimen de Mohamed VI al que la comunidad internacional debería sentar en el banquillo por ocupar violentamente el territorio no autónomo del Sáhara Occidental y
apropiarse de sus recursos naturales, poniendo en riesgo la identidad
nacional del pueblo saharaui e impidiendo por la fuerza su derecho a la
autodeterminación", ha subrayado el eurodiputado de IU Willy Meyer,
quien asistió al juicio como observador internacional.
La
coordinadora de asociaciones de ayuda al pueblo sahararui, CEAS Sáhara,
también ha desaprobado las sentencias: "Constituyen un gravísimo
atentado a la razón cometido por un estado despótico que reclama para sí
la apariencia de un sistema judicial y de un aparato legal próximos a
la legitimidad democrática". "Es vergonzoso que los mismos militares que
invadieron el Sahara Occidental hace 38 años condenen, sin ningún tipo
de pruebas, a los jóvenes saharauis que pacíficamente luchan por la
libertad de su pueblo". Irregularidades en el proceso
El 8 de noviembre de 2010, fuerzas de seguridad marroquís desmantelaron el campamento Gdeim Izik de forma violenta, provocando cientos de heridos y las muertes de tres saharauis.
Durante el asalto murieron también once policías de Marruecos, un hecho
que se atribuyó a la mitad de los 24 detenidos. Sin embargo, las
muertes violentas de los tres saharauis no han formado parte de la
investigación marroquí.
Los procesados fueron arrestados durante
los días y semanas posteriores al derribo de Gdeim Izik excepto uno de
ellos, que fue detenido un día antes y se le imputó la autoría
intelectual del levantamiento del campamento. "Le acusaron de haber
retenido a los 20.000 saharauis que participaron allí", ha señalado Luis
Mangrané, abogado del Observatorio Aragonés para el Sáhara, que acudió a
Rabat como observador internacional la semana pasada.
Al igual que Mangrané, juristas de diferentes países y organizaciones
como el Consejo General de la Abogacía española, así como miembros de
asociaciones marroquíes de derechos humanos, han observado cada día las
sesiones del juicio.
Mangrané acudió el primer día de la vista
oral en Rabat. Durante esa jornada, la acusación aportó "un cajón de
hierro con bengalas, machetes y cuchillos". "En otra caja había
teléfonos y tarjetas de identidad; eran las pruebas físicas con las que
supuestamente habían matado a los agentes", detalla.
"Desde el punto de vista del derecho internacional, se trata de un juicio nulo porque
les está procesando la potencia ocupante [Marruecos]; no nos merece
credibilidad", añade Mangrané, quien también destaca el hecho de que el
fiscal se dirigiera constantemente al público en lugar de al tribunal,
un detalle anómalo. "Parecía un juicio de cara a la galería". Vulneración de la ley
Los
observadores internaciones han coincidido en la falta de garantías
procesales y en la vulneración del derecho internacional y de la propia
legislación de Marruecos.
Una de las transgresiones de la normativa tiene
que ver con el tiempo que los detenidos llevan en prisión preventiva:
más de dos años desde sus detenciones, cuando la ley marroquí establece
un máximo de doce meses. Además, la propia Constitución del reino
alauita prohíbe los tribunales especiales, pero en este caso los 24
activistas se enfrentan a una corte militar.
El juicio comenzó el
pasado 1 de febrero después de dos aplazamientos sin justificar, y la
vista oral el viernes 8. En la sesión del pasado miércoles, los abogados
defensores denunciaron la ausencia de pruebas incriminatorias.
Según los letrados, la acusación sólo ha podido aportar las confesiones
de algunos de los detenidos, unos testimonios puestos en duda por la
sospecha de haber sido obtenidos mediante torturas.
La defensa
solicitó pruebas médicas para demostrar dichas torturas, unos episodios
que los procesados corroboran a la vez que insisten en la falsedad de
sus declaraciones, las cuales se obtuvieron, dicen, mediante graves
vejaciones y humillaciones.
"La declaración de uno de los acusados está firmada con su huella
dactilar, pero se trata de una persona con estudios avanzados", indica
Mangrané. Los acusados también insistieron en que su detención y
enjuiciamiento obedece a razones políticas, por su activismo en la
defensa de los derechos humanos y de la autodeterminación del pueblo
saharaui.
Asimismo negaron su responsabilidad en los hechos que se
les imputaron: "Pertenencia a banda armada; utilizar la violencia
contra la fuerza pública de Marruecos, ocasionar la muerte a los agentes
marroquís, atentar contra la seguridad interior y, a dos de los
detenidos, profanar el cadáver de un policía". Respecto a esta última
acusación, el procurador [fiscal] que ejerce las acusaciones presentó
como prueba unas fotografías de extrema dureza en las que no se pudo
identificar a ninguno de los inculpados. Además, los testigos
presentados por la defensa aseguraron que varios de los acusados ni
siquiera se encontraban en el lugar de los hechos. Cuando este punto
quedó aclarado, la acusación retiró de la sala a sus propios testigos,
según confirmaron fuentes de Rabat a Público.
Tampoco se
hallaron huellas dactilares de los saharauis en las supuestas pruebas
materiales -hachas, cuchillos y machetes-, según estas mismas fuentes.
Izquierda Unida ha
avanzado en un comunicado que realizará iniciativas en todos los
ayuntamientos, diputaciones, parlamentos autonómicos y Parlamento
Europeo para exigir la inmediata liberación de los 24 saharauis
condenados. Un campamento para pedir dignidad
La
mañana del lunes 8 de noviembre, la localidad de El Aaiún amaneció
envuelta en la habitual calma que precede a la tormenta. A eso de las
06.00, agentes de la policía y del ejército de Marruecos accedieron al
campamento Gdeim Izik [dignidad], levantado a las afueras de la ciudad, y
lo desmantelaron de manera violenta. Tres semanas antes, el terreno
prestado por familias de pastores saharauis se fue cubriendo con 7.500
jaimas, las tiendas tradicionales de los habitantes del desierto. Desde
el asentamiento, cerca de 20.000 peronas reinvindicaron al gobierno de
Mohamed VI el cumplimiento de unas condiciones de vida y unos derechos
que les son vulnerados desde que Marruecos ocupó el territorio en 1975.
Politólogos como Noam Chomsky han considerado los sucesos de Gdeim Izik
como el detonante de la Primavera Árabe.
Un Tribunal Militar, sin
jurisprudencia alguna, dictamina en la madrugada del domingo 17 de febrero de
2013 un veredicto de extrema dureza, ante la pasividad de la comunidad
internacional.
El pasado 1 de Febrero se
constituyó en Rabat el Tribunal Militar que, sin competencia alguna, ha juzgado
durante más de una semana a 24 saharauis que permanecían desde noviembre de
2010 en la cárcel de Salé Rabat (Marruecos) por haber participado en el
Campamento de Gdeim Izik. En este campamento, organizado a las afueras del
Aaiún – capital del territorio del Sáhara Occidental ocupado ilegalmente por
Marruecos – se concentraron más de 20.000 saharauis para denunciar sus
condiciones de vida bajo la ocupación militar.
Este gesto de resistencia
pacífica del pueblo saharaui marcó el inicio de la primavera árabe.
Tras permanecer más de dos
años en prisión, los presos políticos saharauis han escuchado, en la madrugada
del domingo 17 de febrero de 2013 la sentencia dictaminada por el Tribunal
Militar de Rabat, en la cual se contemplan las siguientes penas: 9 cadenas
perpetuas, 4 a
30 años de prisión, 7 a
25 años de prisión, 3 a
20 años de prisión y 2 han sido puestos en libertad ya que la sentencia es
inferior al tiempo que ya han pasado en prisión preventiva.
Las imágenes hablan por sí
solas: “Gdeim Izik: El Campamento de la Resistencia Saharui” y demuestran que
fue Marruecos quien violentamente desmanteló el Campamento de Gdeim Izik el
pasado 8 de noviembre de 2010.
Han pasado más de dos años
tras el brutal ataque de Marruecos hacía la población civil saharaui, tiempo en
el cual la Comunidad Internacional se ha mantenido pasiva. Comportamiento que
ha mantenido ante el Juicio Militar y tras el conocimiento de la severa
sentencia.
Tal y cómo señala el jurista
internacional, Carlos Ruiz Miguel, “como el hecho sucedió en un territorio
invadido, se encuentra bajo el IV Convenio de Ginebra que protege a las
víctimas civiles de conflictos armados. Los procesados, por ejemplo, debían
estar detenidos en su país, el Sáhara Occidental, y no en el territorio del país
ocupante. Además, ser enjuiciados por un tribunal no político”. Marruecos no
tiene jurisprudencia para Juzgar a la población civil saharaui. Nos encontramos
ante más de un incumplimiento de la legalidad internacional, por lo tanto, esta
sentencia no puede ser reconocida.
Estos días de juicio han
puesto de manifiesto la farsa organizada por Marruecos. El juicio es un
instrumento de política genocida del gobierno de Marruecos, contra el pueblo
saharaui y abalado por la Comunidad Internacional que, siendo conocedora de la
grave violación sistemática y diaria de Derechos Humanos que ejerce el gobierno
de Marruecos hacia la población saharaui, se limita a continuar negociando con
Marruecos para obtener el mayor beneficio económico en detrimento de la población
saharaui y de la población de sus países, que a diario muestran el apoyo y
sensibilización hacia el Pueblo Saharaui. A día de hoy España continua siendo
la potencia administradora del Sahara Occidental, por lo tanto, España es
responsable de todo lo que le sucede a la población saharaui y de todo lo que
sucede en el territorio no autónomo del Sahara Occidental.
No se puede encarcelar la
dignidad del pueblo saharaui.
No se puede truncar durante 38
años la libertad de un pueblo impunemente.
ESTA FUNDACIÓN ACREDITÓ A JUAN ANDRÉS LISBONA, ISABEL MARÍA LOURENÇO, RITA MARCELINO DOS REI, JOSÉ MANUEL DE
LA FUENTE SERRANO Y ROSARIO GARCÍA DÍAZ PARA QUE ASISTIERAN A LAS
SESIONES DEL JUICIO MILITAR CELEBRADO EN EL TRIBUNAL MILITAR DE RABAT
CONTRA 25 PRESOS SAHARAUIS. TRAS LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN REALIZADA POR
ESTA FUNDACIÓN, DE FORMA ININTERRUMPIDA, LOS DÍA 1, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2013, CONCLUYE QUE:
1ª.-
En cuanto respecta a la Administración de Justicia, a pesar de las
normas de los instrumentos internacionales de derechos humanos,
ratificados por Marruecos y, a pesar de disponer de una maquinaria
policial y judicial bien dotada, ésta no tiene en cuenta, en el
pronunciamiento judicial, el derecho vigente, vulnerándose en la sede
judicial y en dependencias e instituciones, la legislación de
aplicación, haciendo del proceso un proceso NULO DE PLENO DERECHO.
2ª.- El Tribunal Militar, encargado del
procedimiento, y que realizó las fases de juicio y decisión, con sede en
Rabat, capital del estado marroquí, es un TRIBUNAL EXTRATERRITORIAL. Su
competencia para enjuiciar los hechos y actos producidos fuera del
territorio del Reino de Marruecos, lo hacen INCOMPETENTE, de conformidad
con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues
estos hechos se circunscribieron al Sahara Occidental, territorio no
autónomo, ocupado militar e ilegalmente por Marruecos (“país ocupante”),
contrario al derecho internacional y, por tanto, fuera de la soberanía,
competencia y jurisdicción de este tribunal militar de Rabat, siendo
todo el proceso llevado a cabo NULO DE PLENO DERECHO.
3ª.-
El tribunal militar de Rabat es INCOMPETENTE a la luz del derecho
constitucional y penal marroquí, de conformidad con el art. 127 de la
recién promulgada Constitución del Reino de Marruecos, de fecha 29 de
julio de 2011, al ser un TRIBUNAL DE EXCEPCIÓN, proscrito y prohibido,
por lo que el proceso llevado a cabo adolece de NULIDAD RADICAL. El
tribunal militar de Rabat, presidido por el juez ordinario “Zehhaf”,
enjuició, violando el derecho de aplicación, a 25 civiles saharauis, sin
facultades jurisdiccionales para ello. La forma y tono de interrogar a
muchos de ellos, haciéndoles ver que no tenían los estudios suficientes
para pronunciarse sobre la legalidad del tribunal, resultó absolutamente
inadecuada.
4ª.- Como ha constatado esta misión, en la práctica, la fase de averiguación
previa del delito, se ha convertido en la parte dominante y decisiva en
el proceso penal, contaminando éste de forma grave e irremediable.
El sistema de acusación y administración de la justicia, con relación a
pruebas que hayan podido obtenerse ilegalmente es muy deficiente. Ha
sido una realidad constatada por esta Misión, que las violaciones
sexuales de los presos y las torturas como medios de obtención de las
confesiones, realizadas en las dependencias policiales, de la
Gendarmería real y de los cuerpos militares y paramilitares que operan
en el territorio del Sahara Occidental “de facto”, infringidos durante
semanas o meses y, cuyas secuelas le han sido exhibidas al tribunal en
fase de plenario y en fase de instrucción con decenas de denuncias, no
sólo no fueron investigados, sino que se les ha privado, incluida en la
fase oral de las pruebas de tales hechos y de la posibilidad de su
valoración, produciendo, además, una VULNERACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA.
5ª.- La celebración de las vistas orales son señaladas después de años de haber transcurrido los hechos, mediante la indebida prolongación de la detención en dependencias policiales y penitenciarias,
mediante torturas u otras formas de coacción física y psicológica,
suspendiendo los juicios y manteniendo a los internos a una prisión
preventiva contraria a las convenciones internacionales y a la
legislación marroquí.
6ª.-
Esta misión ha constatado que, a pesar del tiempo transcurrido desde el
8 de noviembre de 2010 en que sucedieron los hechos y de la capacidad y
preparación, tanto de los cuerpos y fuerzas de seguridad como de los
Tribunales y jueces marroquíes, se ha realizado una INSTRUCCIÓN DEFECTUOSA, INCOMPLETA, SESGADA E ILEGAL. La
inexistencia en el proceso de la identidad y circunstancias de las
víctimas fallecidas, inexistencia de autopsias forenses (requisito
inexcusable que determinasen la causa del fallecimiento, lugar, momento y
circunstancia); inexistencia de pruebas dactilográficas y de análisis
de armas blancas supuestamente encontradas en el lugar de los hechos;
inexistencia de estudios morfológicos o de identificación en las
filmaciones realizadas, invalidan, de forma absoluta la sentencia
dictada. Puesto que a ninguno de los acusados se les reconoce en las
filmaciones aportadas a la causa, la instrucción y supuestas pruebas de
cargo obtenidas en fase instructora y aportas en el plenario, están DESCONECTADAS TOTALMENTE DE LOS ACUSADOS
y de la forma en que el procurador del rey formula la acusación. La
existencia en el momento del desmantelamiento violento del campamento de
Gdeim Izik, cercado, rodeado y a disposición de los numerosos efectivos
y aparatos del estado, (que incluyeron medios aéreos y, al menos 5
cámaras de TV), hacen increíble el “modus operandi” que relata la
acusación, incongruente en el relato fáctico, lleno de lagunas y
vaguedades que, hicieron absolutamente imposible, conocer quien o
quienes, de que forma y en que momento, provocaron el fallecimiento
delas víctimas y si esta fue violenta. (los delitos por los que han sido
condenados son además de la profanación de cadáveres y asociación
criminal, la de provocar la muerte).
Esta
defectuosa instrucción llevó al procurador del rey, en fase de plenario
y en el mismo día en que se comenzaban las sesiones del juicio, a
presentar de forma sorpresiva, (incumpliendo los plazos legales
previstos) la inclusión en el procedimiento de 9 testigos oculares de
los hechos y cuya declaración podría haber arrojado luz sobre la
identificación de los autores y las circunstancia de comisión del
delito. El primer testigo, Hawadi Radouan, declaró el día 13 de febrero,
a las 13:15 hora local, que estaba presente como fuerza auxiliar y no
reconoció a ninguno de los acusados. El presidente del tribunal, en
ejercicio de las atribuciones que dijo tener conferidas, privó al
plenario del resto de los testimonios (8 testigos), privando de esta
manera a las defensas de la posibilidad de probar que los procesados no
habían participados en los hechos violentos.
Los
únicos testigos admitidos y que declararon en el procedimiento fueron
los de la defensa: Mohamed Salmani, Bachir Salmani, Mohamed Balkasmi,
Mohamed Abhaoui y Hassan Dalel,
7ª.- Ausencia de garantías de un debido proceso legal y una correcta administración de justicia, puesto
que los expedientes policiales, judiciales y la fase de juicio oral, se
han visto gravemente afectada por las actividades políticas y opiniones
de los encausados que han primado sobre los hechos. Habiendo constatado
esta Misión por ello, la inexistencia de una justicia imparcial e
independiente en el juicio, debiendo calificar el proceso de JUICIO POLÍTICO y a los presos, como PRESOS DE CONCIENCIA.
8ª.- La Misión de observación ha constatado numerosos vicios en el procedimiento que, debieran haber provocado nulidad de pleno derecho, desde la fase instructora, en concreto y siempre a la luz del Derecho que se aplica en el Territorio:
a)
La falta constatada (y denunciada reiteradamente en todo el juicio) de
pruebas de cargo presentadas por parte del Procurador General del Rey y
por parte del Juzgado de Instrucción, INVALIDAN TODO EL PROCESO,
ya que no ejercieron su función de garante de la legalidad, vulnerando
el principio de la tutela judicial efectiva (vigente en su sistema
penal), y de presunción de inocencia, aceptando las declaraciones
policiales, obtenidas, como relatan todos los testimonios, bajo
inimaginables formas de tortura, SIN PRUEBA DE CARGO alguna en el procedimiento.
b) Ausencia
de identificación de las personas cogidas por las fuerzas de seguridad,
con pruebas inculpatorias en la propia fase instructora; ello significa
que son detenidos arbitrariamente y por el hecho de su condición de
saharauis, miembros de comités y defensores de derechos humanos,
miembros de la Comisión de Negociación de Gdeim Izik o por sus opiniones
sobre la autodeterminación del Sahara Occidental, siendo llevados a
centros de detención, antes, durante o después del campamento de Gdeim
Izik, sin relación con los hechos, permaneciendo durante días en
paradero desconocido.
c) Vulneración
del derecho de defensa, mediante una negación sistemática a la práctica
de pruebas exculpatorias, tanto en fase instructora como en fase de
plenario, impidiendo de facto poder demostrar la inocencia, siendo
especialmente groseras las negaciones de práctica de prueba, solicitadas
insistentemente por la defensa, en toda la fase de plenario, médicas
para la demostración de la tortura y testificales muy cualificados como
el Ministro del Interior marroquí y la parlamentaria Gajmoula Ment Abbi
d) Ausencia de Letrados en las detenciones, en las sedes policiales y judiciales.
e) Ausencia de comunicación a los familiares de los detenidos.
f)
Utilización de métodos policiales violentos, torturas y coacciones
físicas y de todo orden en sede judicial, realizadas en presencia del
juez de instrucción Bakkali Mohammad, hoy fallecido, para la obtención
de la firma o la huella estampada al final de la redacción de las
confesiones de autoría.
9ª.- Se constata por la Misión la vulneración de los derechos de libertad de expresión, conciencia, reunión y asociación
en el territorio, pendiente de descolonización por Naciones Unidas y de
la celebración de un referéndum de autodeterminación del pueblo
Saharaui; y la expresión de opiniones políticas, que se realizan en el
ejercicio de los derechos civiles reconocidos por los tratados
internacionales suscritos por Marruecos, son reprimidos.
En
la fase oral. el Tribunal pretendió en todo momento anular y evitar
tales declaraciones; y que solo tras una fuerte defensa de los letrados y
una reunión celebrada a puerta cerrada entre el Tribunal y estas, les
fueron permitidas la mismas.
10ª.-
La detención, torturas y condena, así como su estancia en prisión de
los manifestantes saharauis, responde a la política decidida y
sistemática de represión de los activistas políticos que mantiene el
Reino de Marruecos en el territorio del Sahara Occidental, como método
de minimizar el movimiento creciente de la población saharaui de
reivindicar el derecho de autodeterminación reconocido por Naciones
Unidas, defendiendo que se respeten sus derechos, cuya máxima expresión
fue el campamento de Gdeim Izik.
11ª.- El estado
de terror que refieren los testimonios, los relatos de torturas y
represión que han sido relatados en fase de plenario, vulneran, además
del derecho penal marroquí que se les aplicada a los habitantes del
Sahara Occidental, los convenios internacionales suscritos por Marruecos como son la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (1966), los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), el Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y delito de torturas, (Ratificado por Marruecos).
12ª.-
Esta misión de observación pudo constatar que, las condiciones
necesarias para la celebración de un proceso justo, ecuánime e
independiente no se han dado. La excesiva e injustificada presencia
policial, dentro de la sala, en las dependencias del tribunal y en las
calles adyacentes, estas con centenares de vehículos antidisturbios,
camiones con cañones de agua preparados para intervenir, situados en
lugares visibles, unido a la presión que sufrieron los observadores que
asistían a la vista dentro de la sala y fuera de ella, amenazas a los
traductores, cuyas familias fueron “visitadas” en el Sahara Occidental,
siendo advertidas claramente de que la actividad de traducción no era
aceptada, inhibidores de frecuencia en toda la zona que impedían la
comunicación telefónica, unido a la presión mediática de los medios de
comunicación marroquíes, que junto con la policía, filmaron y
fotografiaron a los observadores y, en especial, a los presos, siendo
difundidas dicha imágenes en portadas de revistas y periódicos, sin su
autorización, constituyen un ejercicio inadmisible del poder del Estado,
que necesariamente ha influido en esta administración de justicia. Las
denuncias de las defensas realizadas ante el tribunal, no sirvieron para
que a los acusados les fueran respetados sus derechos
Lista de presos y sus condenas:
Nombre
Fecha y lugar detención
Fecha de nacimiento
Número de preso
Condena
Abdulahi Lakfawni (Lakhfaouni Abdalahi)
13/11/2010. Playa Foum El Oued
1974
0045
PERPETUA
Abdullahi Toubali (Etawbali Abdalahi)
02- 12- 2010. El Aaiun
1980
0063
25 AÑOS
Ahmed Sbai
08-11-2010. El Aaiun
1978
0068
PERPETUA
Mohamed Khouna Babait
15-08-2011. El Aaiun
1981
0339
25 AÑOS
Brahim Ismaili
09-11-2010. El Aaiun
1970
0301
PERPETUA
Cheikh Banga
08-11-2010. Gdeim Izik
12-01-1989
0044
30 AÑOS
Deich Eddaf
03- 12- 2010. El Aaiun
11-05-1978
0064
25 AÑOS
El Bachir Khadda
04/12/2010. El Aaiun
06-10-1986
0066
20 AÑOS
El Houssin Ezzaoui (El Houcein Azaoui)
04/12/2010. El Aaiun
10-11-1975
0062
25 AÑOS
Enaama Asfari
07-11-2010. El Aaiun
08-01-1970
0040
30 AÑOS
Hassan Aalia
El Aaiun
PERPETUA
Hassan Dah (Hassan Eddah)
04/12/2010. El Aaiun
18-01-1987
0065
30 AÑOS
Laaroussi Abdeljalil
13-11-2010. Boujdour
1978
0046
PERPETUA
Lbakai Laarabi
09-09-2010
1970
578
25 AÑOS
Machdoufi Ettaki (Ettaki Elmachdoufi)
08-11-2010. Gdeim Izik
23-11-1985
0041
HA CUMPLIDO SU CONDENA
Mohamed Ayoubi
08-11-2010. Gdeim Izik
1956
20 AÑOS
Mohamed Bani
08-11-2010. Gdeim Izik
1969
0043
PERPETUA
Mohamed Bouryal,
08-11-2010. Gdeim Izik
1976
0042
25 AÑOS
Mohamed El Bachir Boutinguiza
19-11-2010. El Aaiun
1974
0048
PERPETUA
Mohamed Lamin Haddi
20-11-2010. El Aaiun
1980
0051
25 AÑOS
Mohamed Mbarek Lefkir
10-11-2010. El Aaiun
1978
0324
25 AÑOS
Mohamed Tahli
04/12/2010. El Aaiun
1981
0067
20 AÑOS
Sidi Abdallah B’hah (Sidi Abdallahi Abbahah)
19-11-2010. El Aaiun
1975
0047
PERPETUA
Sidi Adderahman Zeyou
21-11-2010. El Aaiun
01-01-1974
0052
HA CUMPLIDO SU CONDENA
Sidi Ahmed Lemjiyed
25/12/2010. El Aaiun
01-05-1959
0070
PERPETUA
Desde
esta Fundación, MOSTRAMOS NUESTRA REPULSA POR EL ENCARCELAMIENTO, EL
TRATO INHUMANO Y LAS CONDENAS QUE EL RÉGIMEN MARROQUÍ LLEVA A CABO,
CALIFICANDO TODO ESTE PROCESO DE UNA ILEGAL Y CONTRARIO A LA DIGNIDAD
HUMANA Y A LOS DERECHOS DE UN PUEBLO. Igualmente,
mostramos nuestra solidaridad y apoyo a los presos, familiares y al
pueblo saharaui por el sufrimiento y la barbarie que padecen. Dada
la magnitud y complejidad de las sesiones celebradas, esta Fundación
pretende publicar el informe completo sobre el proceso a los presos
políticos saharauis de Gdeim Izik, así como la lista completa de
observadores.
Comunicado de CEAS-Sáhara. Ignominiosa sentencia a los defensores de los derechos humanos del Sahara Occidental
Ante la injusta e ignominiosa sentencia del Juicio a los
24 defensores de los Derechos Humanos de Gdeim Izik, campamento de la
dignidad, declaramos que, constituye un gravísimo atentado a la razón y a
las normas más elementales de la equidad y la justicia cometido por un
estado despótico que reclama para sí la apariencia de un sistema
judicial y de un aparato legal próximos a la legitimidad democrática,
CEAS-Sáhara se permite reclamar la atención de la opinión pública
internacional hacia el carácter estrictamente político y militar de un
proceso que se ha querido presentar como un ejercicio legítimo y
equitativo de la acción de la justicia.
Tanto la naturaleza del hecho inicial del que derivan
los sucesos encausados, la formación de un campamento de protesta
pacífica de la sociedad saharaui frente a los poderes ocupantes
marroquíes destruido violentamente por estos, como la aplicación de un
sistema legal propio del reino alauita a la población de un territorio
no autónomo pendiente de descolonización, según la doctrina de las
Naciones Unidas, o el sometimiento de una población civil a una
jurisdicción estrictamente militar con la disculpa de la comisión de
actos de terrorismo evidencian que Marruecos se esfuerza por ignorar los
mandatos internacionales y pasa por alto razones más que suficientes
para deslegitimar el papel que pretende adoptar en el Sáhara Occidental
al que considera de forma caprichosa y unilateral, más allá de todo
derecho o acuerdo, parte de su propio estado.
Todavía perplejos ante el silencio ominoso con que este
proceso ha sido seguido por los medios de comunicación españoles, de la
potencia que es aún por derecho administradora de este territorio sin
descolonizar, exigimos del Estado español, del Gobierno, del Parlamento y
de las instancias judiciales, que se opongan rotunda y enérgicamente a
la desproporcionada condena, se manifiesten totalmente opuestos a
tolerar que su revisión sea utilizada como moneda de cambio en función
de intereses espurios del reino alauí y soliciten, de forma inequívoca y
rotunda, la liberación de todos los presos políticos y de opinión como
parte imprescindible para la resolución del contencioso que enfrenta al
pueblo saharaui contra la monarquía marroquí.
Es vergonzoso que, los mismos militares que invadieron
el Sahara Occidental hace 37 años quieren condenar, sin ningún tipo de
pruebas, a los jóvenes saharauis que pacíficamente luchan por la
libertad de su pueblo.
CEAS-Sáhara
Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara
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