#Acampadasol 06 / noviembre / 2011
Desde el Grupo de Trabajo de politica internacional 15M, Sol apoyo a la lucha de pueblo saharaui, concentración 8 noviembre y manifestación estatal convocada el sábado 12 de noviembre a las 12h en Atocha
En la reunion del 31 octubre 2011 en el grupo de trabajo de politica internacional, en la asamblea general de Sol del 6 noviembre y en la asamblea del Barrio de Las Letras del 5 noviembre se han consensuados estos puntos
Apoyo a la autodeterminación del pueblo saharaui.
Exigimos al Gobierno español que asuma sus responsabilidades como potencia administradora del Sáhara Occidental y que vele por los derechos del pueblo saharaui y por que tenga lugar el proceso de autodeterminación que finalice con la descolonización.
Exigimos al Gobierno español y a la Unión Europea que cesen su actividad comercial con Marruecos hasta que no se respeten los derechos del pueblo saharaui. En especial con aquellos recursos naturales provenientes del Sáhara Occidental, pues es un expolio ilegal. La Unión Europea debe dejar de considerar a Marruecos como socio preferente hasta que no se respeten los derechos del pueblo saharaui.
Exigimos a Naciones Unidas que lleve a cabo el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui y que incluya entre las funciones de la MINURSO la vigilancia del respeto a los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental.
Exigimos al régimen marroquí que cese la violación sistemática de los Derechos Humanos de los saharauis y que inicie el proceso de autodeterminación del pueblo saharaui.
Apoyamos
- La concentración convocada el miércoles, 8 de noviembre, a las 19h. frente a la embajada de Marruecos, con motivo del aniversario del desmantelamiento de Gdeim Izik;
- La manifestación estatal por la autodeterminación del pueblo saharaui, convocada el sábado, 12 de noviembre, a las 12h., desde Atocha hasta Ópera.
El Sáhara Occidental fue colonia española desde 1884. De hecho, desde 1958 pasó a formar parte del Estado español como una provincia más, como Murcia o Alicante. Desde finales de los años 60, se comenzó a reclamar un proceso de descolonización, tal y como se venía haciendo en el resto de países del norte de África. De hecho, las Naciones Unidas recomendaron ya en 1967 la descolonización del territorio. En 1975, el rey marroquí Hassan II organizó la Marcha Verde, en la que más de trescientos mil marroquíes bajaron a los territorios del Sáhara Occidental acompañados de su ejército y de armas de gran destrucción como el napalm, el fósforo blanco y otras. Marruecos aprovechaba un momento de debilidad española -el dictador Franco estaba a punto de morir- para truncar el futuro del pueblo saharaui.
Unas semanas después, el 14 de noviembre de 1975, España vendió el Sáhara a Marruecos y a Mauritania, firmando los Acuerdos Tripartitos de Madrid. Por éstos, se entregaba el territorio colonial a ambos países a cambio de unos beneficiosos acuerdos comerciales. De esta manera arrollaron con el sueño del pueblo saharaui de ser un estado independiente y con el derecho de autodeterminación que le otorgaba la legalidad internacional. Ante esta situación, el Frente Polisario, el movimiento de liberación nacional saharaui, entró en guerra contra Marruecos y Mauritania, y proclamó en 1976 la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Fruto de esta guerra de desgaste, Mauritania se retiró, firmando la paz con el Frente Polisario en 1979; y en el año 1991, la ONU auspició un alto el fuego entre Marruecos y el pueblo saharaui, reconociendo el derecho de autodeterminación del segundo. Para ello, se debía celebrar un referéndum por el cual la población saharaui decidiría si formar parte de Marruecos o vivir en un estado independiente, la RASD. La ONU creó entonces la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) que sería la encargada de velar porque se celebrara la consulta.
Este referéndum, amparado por la legalidad internacional, sigue sin celebrarse hoy en día por la negativa de Marruecos a llevarlo a cabo mediante sucesivos bloqueos a las propuestas. Y la población saharaui lleva 36 años esperando a que se materialice su derecho en unas condiciones penosas.
La población saharaui vive desde 1975 dividida en dos, separada por un gran muro construido por el régimen marroquí de más de 2.700 kilómetros (el mayor muro del planeta tras la muralla china), alrededor del cual se encuentra la zona más minada del planeta (con varios millones de minas antipersona) y la mayoría de las fuerzas del ejército marroquí. Por un lado, en la región argelina de Tindouf, una de las más inhóspitas del planeta, viven desde que comenzara la guerra cerca de 200.000 refugiados y refugiadas en campamentos. Las condiciones de vida son durísimas y subsisten gracias a la ayuda internacional -en gran parte, de asociaciones españolas-. Esta es la zona que administra el Frente Polisario, junto con los Territorios Liberados en la guerra, una franja de tierra en la que no hay casi vegetación y donde se encuentra sobre todo la población nómada.
Al oeste del muro están los Territorios Ocupados por Marruecos. Allí la población saharaui (más de 100.000 personas) vive sometida por el ejército y demás fuerzas de represión marroquí, además de por los colonos que allí se encuentran. Los Derechos Humanos de los y las saharauis son violados sistemáticamente; sufren torturas, desapariciones, violaciones, detenciones arbitrarias, etc. Ante este crudo escenario, la MINURSO no tiene entre sus competencias la vigilancia del respeto de los Derechos Humanos por parte de la potencia ocupante -como sucede con el resto de las misiones especiales de las Naciones Unidas en África-, gracias al veto constante de Francia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Por otro lado, es precisamente en esta zona ocupada donde se encuentran los mayores recursos naturales del Sáhara Occidental: el banco pesquero sahariano (uno de los más ricos del planeta), los yacimientos de fosfatos (de las minas de Bu Craa se extraen más de un tercio de los fosfatos que se emplean a nivel mundial) y los posibles petroleros y mineros, principalmente. Marruecos expolia los recursos de la zona sin ningún tipo de pudor y con la connivencia y colaboración de gobernantes y empresas españolas, europeas y estadounidenses, sobre todo. Sin embargo, la legalidad internacional señala que es ilegal comerciar con los recursos naturales de un territorio no autónomo, sin que este comercio beneficie a la población local y obtenga el consentimiento de la misma. Obviamente, la población saharaui no se ve beneficiada en absoluto con estas prácticas comerciales
El papel del Estado español en este conflicto es primordial. No sólo por su responsabilidad histórica y moral con el pueblo saharaui, español hasta el 1975 (muchos de ellos conservan su DNI español), sino también por su responsabilidad legal. El Estado español sigue siendo, a efectos de la legalidad internacional, la potencia administradora del Sáhara Occidental, y Marruecos es solamente la potencia ocupante, de forma ilegal y por la fuerza. Las obligaciones del Estado español son, por tanto, velar por los derechos de la población saharaui y porque se finalice el proceso de descolonización del Sáhara Occidental. Nuestra memoria histórica y nuestra transición no pueden concluirse sin cumplir con esta obligación. Sin embargo, todos los gobiernos desde la caída de la dictadura franquista se han puesto del lado marroquí, apoyando al opresor, al invasor y al ocupante, olvidando la legalidad internacional y el respeto de los Derechos Humanos por motivos económicos y geoestratégicos. Especialmente bochornoso ha sido el papel del Ejecutivo de Zapatero, que no ha dudado en apoyar en todo momento al gobierno de Marruecos, y colaborando de forma servil con la monarquía alauí en temas tan escabrosos como el secuestro de la activista Aminetu Haidar en 2009 o el desmantelamiento del campamento Gdeim Izik en 2010. Del mismo modo, la Unión Europea, que concede el status de socio preferente a Marruecos y con el que mantiene grandes acuerdos comerciales, ignora la legalidad internacional y promueve la vulneración de los Derechos Humanos. Más obscenas aún son las posiciones de Francia y Estados Unidos, principales aliados occidentales del régimen alauita.
Cabe recordar que hace poco más de un año se plantó el campamento de Gdeim Izik -o de la Dignidad- en las afueras de El Aaiún ocupado. Ésta fue una de las primeras revoluciones árabes del norte de África. Decenas de miles de saharauis desafiaron al ejército invasor y reclamaron pacíficamente –tal y como han llevado su lucha desde que se firmó el alto el fuego-, mejoras laborales y sociales. En respuesta a las legítimas aspiraciones de la población saharaui de los Territorios Ocupados, las fuerzas opresoras marroquíes desmantelaron violentamente el campamento. Hoy en día, sigue habiendo multitud de presos/as y desaparecidos/as saharauis desde esa fecha, además de una cifra de muertos/as aún por determinar.
Fuente: #Acampadasol
Desde el Grupo de Trabajo de politica internacional 15M, Sol apoyo a la lucha de pueblo saharaui, concentración 8 noviembre y manifestación estatal convocada el sábado 12 de noviembre a las 12h en Atocha
En la reunion del 31 octubre 2011 en el grupo de trabajo de politica internacional, en la asamblea general de Sol del 6 noviembre y en la asamblea del Barrio de Las Letras del 5 noviembre se han consensuados estos puntos
Apoyo a la autodeterminación del pueblo saharaui.
Exigimos al Gobierno español que asuma sus responsabilidades como potencia administradora del Sáhara Occidental y que vele por los derechos del pueblo saharaui y por que tenga lugar el proceso de autodeterminación que finalice con la descolonización.
Exigimos al Gobierno español y a la Unión Europea que cesen su actividad comercial con Marruecos hasta que no se respeten los derechos del pueblo saharaui. En especial con aquellos recursos naturales provenientes del Sáhara Occidental, pues es un expolio ilegal. La Unión Europea debe dejar de considerar a Marruecos como socio preferente hasta que no se respeten los derechos del pueblo saharaui.
Exigimos a Naciones Unidas que lleve a cabo el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui y que incluya entre las funciones de la MINURSO la vigilancia del respeto a los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental.
Exigimos al régimen marroquí que cese la violación sistemática de los Derechos Humanos de los saharauis y que inicie el proceso de autodeterminación del pueblo saharaui.
Apoyamos
- La concentración convocada el miércoles, 8 de noviembre, a las 19h. frente a la embajada de Marruecos, con motivo del aniversario del desmantelamiento de Gdeim Izik;
- La manifestación estatal por la autodeterminación del pueblo saharaui, convocada el sábado, 12 de noviembre, a las 12h., desde Atocha hasta Ópera.
El Sáhara Occidental fue colonia española desde 1884. De hecho, desde 1958 pasó a formar parte del Estado español como una provincia más, como Murcia o Alicante. Desde finales de los años 60, se comenzó a reclamar un proceso de descolonización, tal y como se venía haciendo en el resto de países del norte de África. De hecho, las Naciones Unidas recomendaron ya en 1967 la descolonización del territorio. En 1975, el rey marroquí Hassan II organizó la Marcha Verde, en la que más de trescientos mil marroquíes bajaron a los territorios del Sáhara Occidental acompañados de su ejército y de armas de gran destrucción como el napalm, el fósforo blanco y otras. Marruecos aprovechaba un momento de debilidad española -el dictador Franco estaba a punto de morir- para truncar el futuro del pueblo saharaui.
Unas semanas después, el 14 de noviembre de 1975, España vendió el Sáhara a Marruecos y a Mauritania, firmando los Acuerdos Tripartitos de Madrid. Por éstos, se entregaba el territorio colonial a ambos países a cambio de unos beneficiosos acuerdos comerciales. De esta manera arrollaron con el sueño del pueblo saharaui de ser un estado independiente y con el derecho de autodeterminación que le otorgaba la legalidad internacional. Ante esta situación, el Frente Polisario, el movimiento de liberación nacional saharaui, entró en guerra contra Marruecos y Mauritania, y proclamó en 1976 la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Fruto de esta guerra de desgaste, Mauritania se retiró, firmando la paz con el Frente Polisario en 1979; y en el año 1991, la ONU auspició un alto el fuego entre Marruecos y el pueblo saharaui, reconociendo el derecho de autodeterminación del segundo. Para ello, se debía celebrar un referéndum por el cual la población saharaui decidiría si formar parte de Marruecos o vivir en un estado independiente, la RASD. La ONU creó entonces la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) que sería la encargada de velar porque se celebrara la consulta.
Este referéndum, amparado por la legalidad internacional, sigue sin celebrarse hoy en día por la negativa de Marruecos a llevarlo a cabo mediante sucesivos bloqueos a las propuestas. Y la población saharaui lleva 36 años esperando a que se materialice su derecho en unas condiciones penosas.
La población saharaui vive desde 1975 dividida en dos, separada por un gran muro construido por el régimen marroquí de más de 2.700 kilómetros (el mayor muro del planeta tras la muralla china), alrededor del cual se encuentra la zona más minada del planeta (con varios millones de minas antipersona) y la mayoría de las fuerzas del ejército marroquí. Por un lado, en la región argelina de Tindouf, una de las más inhóspitas del planeta, viven desde que comenzara la guerra cerca de 200.000 refugiados y refugiadas en campamentos. Las condiciones de vida son durísimas y subsisten gracias a la ayuda internacional -en gran parte, de asociaciones españolas-. Esta es la zona que administra el Frente Polisario, junto con los Territorios Liberados en la guerra, una franja de tierra en la que no hay casi vegetación y donde se encuentra sobre todo la población nómada.
Al oeste del muro están los Territorios Ocupados por Marruecos. Allí la población saharaui (más de 100.000 personas) vive sometida por el ejército y demás fuerzas de represión marroquí, además de por los colonos que allí se encuentran. Los Derechos Humanos de los y las saharauis son violados sistemáticamente; sufren torturas, desapariciones, violaciones, detenciones arbitrarias, etc. Ante este crudo escenario, la MINURSO no tiene entre sus competencias la vigilancia del respeto de los Derechos Humanos por parte de la potencia ocupante -como sucede con el resto de las misiones especiales de las Naciones Unidas en África-, gracias al veto constante de Francia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Por otro lado, es precisamente en esta zona ocupada donde se encuentran los mayores recursos naturales del Sáhara Occidental: el banco pesquero sahariano (uno de los más ricos del planeta), los yacimientos de fosfatos (de las minas de Bu Craa se extraen más de un tercio de los fosfatos que se emplean a nivel mundial) y los posibles petroleros y mineros, principalmente. Marruecos expolia los recursos de la zona sin ningún tipo de pudor y con la connivencia y colaboración de gobernantes y empresas españolas, europeas y estadounidenses, sobre todo. Sin embargo, la legalidad internacional señala que es ilegal comerciar con los recursos naturales de un territorio no autónomo, sin que este comercio beneficie a la población local y obtenga el consentimiento de la misma. Obviamente, la población saharaui no se ve beneficiada en absoluto con estas prácticas comerciales
El papel del Estado español en este conflicto es primordial. No sólo por su responsabilidad histórica y moral con el pueblo saharaui, español hasta el 1975 (muchos de ellos conservan su DNI español), sino también por su responsabilidad legal. El Estado español sigue siendo, a efectos de la legalidad internacional, la potencia administradora del Sáhara Occidental, y Marruecos es solamente la potencia ocupante, de forma ilegal y por la fuerza. Las obligaciones del Estado español son, por tanto, velar por los derechos de la población saharaui y porque se finalice el proceso de descolonización del Sáhara Occidental. Nuestra memoria histórica y nuestra transición no pueden concluirse sin cumplir con esta obligación. Sin embargo, todos los gobiernos desde la caída de la dictadura franquista se han puesto del lado marroquí, apoyando al opresor, al invasor y al ocupante, olvidando la legalidad internacional y el respeto de los Derechos Humanos por motivos económicos y geoestratégicos. Especialmente bochornoso ha sido el papel del Ejecutivo de Zapatero, que no ha dudado en apoyar en todo momento al gobierno de Marruecos, y colaborando de forma servil con la monarquía alauí en temas tan escabrosos como el secuestro de la activista Aminetu Haidar en 2009 o el desmantelamiento del campamento Gdeim Izik en 2010. Del mismo modo, la Unión Europea, que concede el status de socio preferente a Marruecos y con el que mantiene grandes acuerdos comerciales, ignora la legalidad internacional y promueve la vulneración de los Derechos Humanos. Más obscenas aún son las posiciones de Francia y Estados Unidos, principales aliados occidentales del régimen alauita.
Cabe recordar que hace poco más de un año se plantó el campamento de Gdeim Izik -o de la Dignidad- en las afueras de El Aaiún ocupado. Ésta fue una de las primeras revoluciones árabes del norte de África. Decenas de miles de saharauis desafiaron al ejército invasor y reclamaron pacíficamente –tal y como han llevado su lucha desde que se firmó el alto el fuego-, mejoras laborales y sociales. En respuesta a las legítimas aspiraciones de la población saharaui de los Territorios Ocupados, las fuerzas opresoras marroquíes desmantelaron violentamente el campamento. Hoy en día, sigue habiendo multitud de presos/as y desaparecidos/as saharauis desde esa fecha, además de una cifra de muertos/as aún por determinar.
Fuente: #Acampadasol
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